La salud de los heridos Mapuche y la actitud del Ministerio del Interior – José Venturelli, CECT


22 de Octubre 2009

  • Señora Soledad Alvear y señores Senadores [1]
  • Organizaciones de los Pueblos Originarios.
  • Estimados colegas médicos, trabajadores de la Salud
  • Miembros de organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos
  • Profesionales de los medios de comunicaciones y Amigos,

Por ya un largo período y con caracteres de escalada el Ministerio del Interior en especial, y el Gobierno / Estado, de modo general, vienen agrediendo a diferentes sectores de la población Mapuche. Tanto en sus asaltos a comunidades, en sus allanamientos de hogares estudiantiles donde destruyen los pocos elementos educacionales que consiguen y, también, a los dirigentes Mapuche que son reciclados en las cárceles con el uso de una ilegítima  (e internacionalmente ilegal) ley anti-terrorista. El uso de una violencia inusitada, cuya evidencia es innegable (fotos, vídeos y lesionados ya no logran ser escondidos por el gobierno) se extiende a todos los grupos etarios de la sociedad. Los documentos presentados al respecto por el Senador Navarro e incluidos en el artículo de hoy de Radio Universidad de Chile son explícitos en lo referente a una guerra del Estado chileno contra el pueblo Mapuche y la forma ésta como se lleva adelante.[2]

Es inquietante en extremo que el Sr Rosende, sub-secretario del interior y su jefe, Ministro Pérez Yuma, simplemente no reconocen las agresiones múltiples a niños, mujeres vejadas y dejadas amarradas en sus casas, jóvenes que van a las comisarías a informarse del estado de sus padres detenidos violentamente, pateados en la cabeza y todo bajo la ley anti-terrorista que el gobierno promete y promete no usar pero que aplica en forma sistemática e indiscriminada. Chile firma documentos públicamente a nivel internacional y luego no los aplica como es el hecho central de la violación del Convenio 169 la OIT que de ser aplicado aseguraría una transición democrática, legítima y pacífica de todos los conflictos mayores que han llevado al gobierno a declarar una guerra sin cuartel al pueblo Mapuche. No logran ni siquiera imaginar las contribuciones que una población total cercana o superior a un 10% de la nacional –que incluya a todos los Mapuche (y otros pueblos originarios) de todas las ciudades y regiones del país- podría hacer al país en su conjunto en términos de democracia, progreso, respeto a los derechos de todos y al medio ambiente. Les falta imaginación y les sobra soberbia y poder mal entendido.

La historia ha demostrado que en el uso de las leyes, de modo histórico y, más recientemente, bajo la Constitución actual, de triste y represiva generación, siempre han impedido la participación del Pueblo Mapuche en cualquier tipo de discusiones relacionadas con sus derechos. Por cierto que en Chile no es posible “hacer negocios como siempre” cuando la propia base legal del país no permite rectificar su base de documento dictatorial y con principios totalmente anti-democráticos. Se requiere una nueva Constitución hecha por todos los chilenos, participativamente, y no mediante los principios de la carta pinochetista que sigue gobernando el país ya por 20 años de post-dictadura y que manipula las elecciones “para que nunca Chile transite a una verdadera democracia”. Quienes pretendan que esta es “la ley” y “el estado de derecho” siguen los principios del dictador y su actuar no se diferencia de quienes pusieron el país al servicio de unos pocos. Especialmente cuando la equidad chilena es deplorable. La dictadura agregó leyes especiales como la antiterrorista e incluyó instancias como la Justicia Militar que han sido elementos de represión. Estas ahora son usadas en forma casi selectiva (pero no exclusiva) en contra del pueblo Mapuche. La represión actual lleva al país en una escalada de violencia y represión cuyos resultados son cada vez más predecibles por la insistencia en poner al pueblo Mapuche en un Apartheid o gueto “a la chilena”. Desconoce los principios básicos de los derechos de los pueblos originarios y los excluye de todo tipo de respetabilidad que sí les es acordada por los organismos internacionales. Estas acciones del gobierno y estado corresponde a su sesgo permanente de beneficiar a quienes históricamente han beneficiado del despojo histórico y represión contra este importante sector humano de Chile. No reconocer los derechos de este pueblo y, además usar la fuerza en la confirmación de un despojo histórico y de su apoyo al uso de territorios y recursos naturales contra los derechos y deseos de los pueblos originarios está causando un daño enorme al país y a las generaciones futuras.

El Ministro del Interior y las fuerzas que de allí se forman y envían a reprimir han demostrado que no respetan ni la letra ni la intención de las leyes. Literalmente hacen gárgaras con el Estado de Derecho pero no respetan su esencia: el respeto de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos chilenos, independiente de cualquier característica propia. Las Naciones Unidas, en su Consejo de Derechos Humanos ha hecho muy claras recomendaciones (77 en total) por las violaciones de los derechos del pueblo Mapuche y el gobierno chileno no sólo no las cumple sino que al dar su informe al respecto, miente abiertamente en la reunión especial sobre Chile que sucediera el 23 de Septiembre de este año en Ginebra, Suiza. He visto personalmente en Ginebra como el Embajador de Chile ha mentido en relación al número de presos y al uso de la ley anti-terrorista. Esta violación está llevando a que el pueblo Mapuche no se sienta ciudadano chileno por la forma sistemática en que se lo trata. Y no son ellos los culpables de los asaltos a los que son sometidos, de la tortura cuando son arrestados mediante montajes y provocaciones. Los grupos internacionales de Derechos Humanos llaman al diálogo para resolver este conflicto y, pese a que este llamado encuentra eco en las instituciones de DDHH’s del país y sectores de trabajadores, estudiantes y religiosos, el gobierno insiste en seguir con su desprecio hacia el pueblo Mapuche y crea organismos que en su generación violan el principio del Convenio 169 de la OIT. Chile ha creado un reglamento especial que le permite pretender que lo puede violar legalmente”.

Hoy el Ministro Pérez y el Sub=secretario Rosende aparecen desconociendo los heridos de la población infantil. En los últimos actos de violencia, los niños han sufrido, fuera de la agresión emocional de ver sus casas, comunidades y padres violentados en forma vergonzosa, lesiones físicas y han sido torturados psicológicamente (hasta amenazas de ser lanzados de helicóptero) para tratar de montar acusaciones contra sus padres. El Ministerio del Interior viola la ley y el principio ético de la función profesional de salud. En efecto, los heridos, cuando visitan centros de salud, son frecuentemente detenidos por carabineros o por la PDI y llevados a cárceles donde se los vuelve a golpear. Los encarcelamientos han sido hechos con montajes legales usando incluso la tortura, a “testigos” encapuchados y con uso de una Justicia Militar que avergüenza el principio de la legalidad y la legitimidad que el estado debe mantener. Las huelgas de hambre contra el trato discriminatorio y racista a las que se han visto forzados a llevar adelante los presos políticos Mapuche han sido brutalmente violadas en contra de los principios éticos de la Asociación Médica Mundial.

Estas prácticas del gobierno y de Carabineros deben ser condenadas y cesar de inmediato. Todos los profesionales de la salud debemos insistir en que esto ocurra sin demora. ¿Que más necesitamos todos para que esta vergüenza termine?

José Venturelli, Pediatra
Portavoz, Comisión Ética Contra la Tortura-Secretariado Europeo,
Rol Col. Médico de Chile: 8063-2
Profesor Emérito de Pediatría – Universidad de McMaster, Canadá

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