“$280 millones deberá pagar el Estado a familia de joven asesinado por carabinero en protesta estudiantil” – RadioUchile


“$280 millones deberá pagar el Estado a familia de joven asesinado

por carabinero en protesta estudiantil”

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Esta es una buena noticia en el camino de búsqueda de una verdadera Justicia… Sin embargo, la persistencia de la llamada “Justicia Militar”, precisamente, previene que los uniformados sean juzgados. A 11 años vemos que todo pasó mucho tiempo (demasiado tarde) , paga el Estado (se intenta pagar con dinero por un crimen cometido por un sistema represivo) y la pena del responsable inmediato es remitida… (No se hace Justicia efectiva que lleve a prevenir esto hacia futuro) Es decir, sin querer ofender la lucha importante de la familia y abogados, que ha sido ejemplar, la sociedad termina haciendo lo que se critica: demasiado tarde, demasiado poco e ineficiente.

“Para que nunca más”… la Justicia Militar debe ser derogada: Nadie tiene derecho a llevar adelante crímenes de ningún tipo y ser “juzgados de mentira” como lo hace la (in)-Justicia Militar y luego esconderse en su grupo protector que auto-determina “sus leyes”… todas de mentira por ser un cuerpo que se auto justifica. Vivimos en una sociedad que debe impedir las mentalidades estilo mafia: Justicia para todos, única y confiable. No hay razón ninguna que deba permitir escapar a esta norma. Ninguna, si queremos ser una sociedad democrática.

Los crímenes que hemos visto desde el fin de la dictadura han sido, fundamentalmente dejados de lados y los criminales sobreseídos. Y cuando se ha hecho “algo” se persigue al más débil de la cadena de ejecución de la represión: el carabinero/policía civil o soldado mandado a reprimir cuando LA AUTORIDAD se tienta con la idea de que la “letra con sangre entra”. Los que planean, gobierno, ministros del Interior, fiscales fundamentalistas, oficialidad superior, y otros que participan en el proceso de las decisiones represivas deben ser claramente identificados y ellos ser juzgados.

La ausencia de libertad de informar y de ser informado es “normalmente” seguida de la represión. Liberar la información educará a todos y será parte de un proceso democratizador. Pero esta cadena democrática falta ya por mucho tiempo porque las muertes del joven universitario Daniel Menco Prieto, las de Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collio, Alex Lemún, el desaparecimiento del menor José Huenulao en Puerto Montt y muchas otras de esa larga lista CORRESPONDEN TODOS A LAS LLAMADAS MUERTES ANUNCIADAS: Todas eran previsibles y evitables. La muerte de los jóvenes asesinados debe llevar a impedir que se repitan. La “defensa” que hace el General de carabineros Gordon de que “será la Justicia la que determinará las causas de la muerte de Jaime Mendoza” no es sino una forma de escaparse (La Nación 9/11/2010). La Justicia en Chile, cuando se trata de los muertos del pueblo, o de estos jóvenes NO EXISTE. Y él lo sabe, por eso que defienden tanto la Justicia Militar o la Justicia actual que los protege.

El pueblo entero, de modo participativo (y no binominalmente) con la población entera debe producir una nueva Constitución, participativa, para que esto, efectivamente, NO SUCEDA NUNCA MAS. Su postergación –eterna si fuera posible- es la exigencia del dictador mismo y de quienes se esconden pretendiendo de que tenemos una sociedad de derecho y que es justa. La colusión contra la justicia tiene ingredientes múltiples: miedo por la historia y presente represivo, ganancias de quienes están en los poderes del estado y la falta de mirar la Justicia como una necesidad urgente, para todos, por igual, confiable. Porque bajo el manto de pretender que en Chile hay independencia de poderes hay una mentira inmensa. Nunca dejan de violar esa supuesta independencia cuando deben reprimir. Estas muertes y el no prevenir que sucedan es una muestra de ello. Un país sn una Constitución Democrática después de 20 años post-dictadura claramente no se respeta a su pueblo. ¿Qué es lo que no entienden cuando se dice a la Represión Nunca Más?

Dr. José Venturelli, Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Éetica Contra la Tortura

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