Chile: Organizaciones de Derechos Humanos exigen fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista

CONFERENCIA DE PRENSA

Con ocasión de audiencia de reformalización en el llamado “caso bombas”

Organizaciones de Derechos Humanos y familiares de los detenidos exigen poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista y denuncian irregularidades en el proceso

FECHA: Miércoles 16 de marzo.

Lugar: Sala de Directorio del Circulo de Periodistas

Dirección: Amunategui 31, tercer piso.

Hora: 11 horas.

Conferencistas: Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano; Pablo Ruiz, Comisión Ética contra la Torutra; Viviana Uribe, presidenta de CODEPU; José Miguel Guzmán, CINTRAS; Marcelo Urra, Grupo Psicología por Ñuñoa; Padre Alfonso Baeza. Familiares: Bárbara Faundes, Myriam Tamayo, Verónica Garín,

Con ocasión de la audiencia de reformalización solicitada para este miércoles 16 de marzo por el fiscal del llamado “caso bombas”, Alejandro Peña, familiares de los detenidos el pasado 14 de agosto, en conjunto con organizaciones de derechos humanos, ofrecerán una confernecia de prensa en la que se referirán a la impropia aplicación de la ley antiterrorista y sus implicancias en este caso, vulnerando derechos fundamentales y garantías procedimentales de los imputados, como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Llama la atención que habiendo el fiscal Peña esgrimido tener pruebas suficientes para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, una vez agotado el plazo de seis meses de investigación concedidos por el tribunal, ésta no solo no concluya, sino que además se solicite una audiencia para recalificar los cargos. Lo que si bien es una facultad legal, dada la ausencia de pruebas aportadas hasta ahora por la Fiscalía, parece constituir un claro intento por aumentar el plazo de investigación y con ello una privación de libertad que podría extenderse por cerca de un año a la espera de juicio.

Durante la conferencia se dará a conocer también la extrema violancia con que las policías han actuado en los allanamientos y detenciones, incluida la presencia y afectación a niños y niñas, así como las condiciones de reclusión en que se encuentran los imputados, nueve de ellos en huelga de hambre desde el pasado 22 de febrero.

Se dará a conocer también una declaración pública firmada por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, además de un centenar de ciudadanos que piden un juicio justo y la inmediata libertad de los imputados. La declaración será entregada a su vez al Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Familiares de detenidos en montaje jurídico y político, solicitan adhesión y apoyo para liberar a sus hijos

Estimados:
Los familiares de los detenidos en el denominado "caso bombas" han solicitado adhesión a esta declaración pública. Se adjunta Comunicado de Huelga de Hambre de los detenidos y Carta de Diputados al Fiscal Nacional ante esta situación que ya es insostenible. A estas personas se las está juzgando por cómo viven y piensan. Cualquier día nos puede pasar a nosotros.

Las adhesiones deben ser enviadas a la siguiente dirección: yoadhiero

DECLARACION PÚBLICA

El 14 de agosto de 2010, numeroso contingente de funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile con sus distintas brigadas realizaron allanamientos en 17 domicilios de las ciudades de Santiago y Valparaíso. En dichos allanamientos, fueron detenidas 14 personas, las que al día de hoy continúan en la cárcel o con libertad condicional. Varios de ellos, en prisión preventiva, se encuentran en su día 24 de huelga de hambre contra los vicios del proceso judicial que los mantiene encarcelados.

Esta situación se enmarca en la decisión del Fiscal Alejandro Peña de provocar un efecto en la ciudadanía haciendo aparecer a los jóvenes detenidos y las familias que sufrieron allanamientos como “terroristas”, basados y amparados en la Ley antiterrorista, actualmente vigente en el país, con origen en la dictadura, implementada y perfeccionada por los gobiernos concertacionistas.

Han pasado más de 6 meses desde estas detenciones, y aún no existe una sola prueba que demuestre que hubo colocación de artefactos explosivos por parte de los detenidos, que es la acusación principal sostenida por el Fiscal Peña.

En los allanamientos hubo extrema violencia, con ingreso a los domicilios rompiendo puertas, con policías armados, haciendo uso de cámaras de videos, vulnerando la intimidad y amenazando a las personas que allí se encontraban, sin importar la presencia de niños y niñas y de mujeres embarazadas. Hubo también amenazas que recuerdan el pasado reciente en dictadura militar, como: “quédate tranquilo, porque si no ya sabes lo que te va a pasar…”. Fueron violentados incluso los dormitorios de los niños y niñas, revisaron sus pertenencias, llevándose fotografías y juguetes de ellos y ellas, permaneciendo entre 4 a siete agentes por horas en los domicilios. Es importante mencionar que las casas de los familiares más directos, también fueron parte del procedimiento de ese día. Siendo distintos enseres incautados, como computadores, maquinas fotográficas, impresoras, scanners, bicicletas y ropa, sin que hasta el momento hayan sido devueltos. Mientras que las puertas derribadas y los daños a los inmuebles no fueron reparadas por quienes los ocasionaron.

Desde ese mismo día 14 de agosto, familiares, amigos y amigas de las personas que sufrieron allanamientos han sido víctimas de seguimientos policiales, intervenciones de sus teléfonos y de sus correos electrónicos, e incluso sus teléfonos celulares son cargados misteriosamente para que continúen estableciendo contacto con su mundo relacional.

A menudo a través de la prensa oficialista salen artículos donde se dice que serán detenidas más personas, y las redes más cercanas se empiezan a preguntar “¿Seré yo, esta vez, a quién le tocará vivir la prisión?” No se sabe de donde provienen esos rumores, pero si conocemos, ciertamente, lo que hay detrás de ellos: tratar de paralizar, inmovilizar y aislar a estos grupos de personas.

El gobierno se ha hecho un lado, dejando con total impunidad el actuar de las policías y de los fiscales, que en el caso del Fiscal Peña, lo han elevado a un rango de poder omnímodo, decidiendo la libertad o la prisión de personas que solo por el hecho de haberse manifestado en causas sociales de carácter estudiantil, mapuche, de viviendas, han sido castigadas con el poder del sistema.

Lo peor es que no importa si la persona es culpable o no, pues el mensaje es mostrar a la sociedad eficiencia y eficacia en el combate a lo que consideran actos terroristas. Ese discurso lo conocemos bien.

Es por ello que familiares de los detenidos el pasado 14 de agosto, junto a las personas que fueron allanadas ese mismo día y a organismos de derechos humanos, hacen un llamado al Poder Judicial para que estos hechos sean investigados, dado que constituyen uso abusivo de la fuerza, de manera reiterada, aplicada contra un grupo específico de la población, y a que el juicio que en su momento se realice contra estos jóvenes sea con respeto irrestricto a las garantías del debido proceso. Siendo inadmisible que, en un estado de derecho, exista sobre ellos este nivel de hostigamiento, persecución, amedrentamiento y discriminación.

Santiago, lunes 14 de marzo de 2011.-

Colectivos:
1) Observatorio de Derechos Humanos
2) Comisión Ética Contra La Tortura
3) CODEPU
4) CINTRAS
7) La Otra Voz

Personas:
1) Claudio Escobar Cáceres, CI 9.161.560-6, Ingeniero Civil Eléctrico.
2) Beatriz Silva Pinochet, 13.889769-9, Socióloga
3) Sergio Betancourt M., 6.203.445-9
4)Patricia Guillén R., 5.927.172-5

5) Sergio Grez T., CI 7.990.644-1, historiador.
6) Alonso Núñez Lara CI 15137146-9 cantutor de la Patagonia

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