Chile: Se faculta la alimentación forzada a presos políticos en huelga de hambre: luchan por un JUICIO JUSTO y por su LIBERTAD

CORTE SUPREMA CHILENA FACULTA ALIMENTACION FORZADA

Resolución de la Corte Suprema referente a la protección interpuesta por
Gendarmería que los faculta a alimentar a los comuneros. La resolución
de la Corte de Temuco pero la CS ratificó lo resuelto por Temuco 4*1

facultando a Gendarmería para alimentar a José, Jonathan, Héctor y
Ramón.

Santiago, tres de junio de dos mil once.
Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de tres de mayo de dos mil
once, escrita a fojas 45.
Acordada contra el voto del Ministro señor Brito quien fue de

opinión de revocar la sentencia apelada y de rechazar el recurso de
protección interpuesto por Gendarmería de Chile, para lo cual tuvo en
consideración las razones que siguen:

1°) Que el recurso de protección ha sido previsto para la mantención

de algunos de los intereses jurídicos más relevantes que se expresan
como derechos humanos, porque ante la preeminencia de la persona por
sobre el Estado han sido asegurados por la Constitución en su artículo
19 atendida su insalvable condición para una convivencia regida por

valores jurídicos. De esta norma deriva que el artículo 20 haya
prevenido que cuando por causa de actos u omisiones arbitrarios o
ilegales sufra perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de
aquellos, el titular de estos o quien actúe en su representación pueda

formular a la jurisdicción la pretensión de que sea restablecido el
imperio del derecho y asegurada la debida protecci ón del afectado, en
caso de existir urgencia y necesidad de cautela como lo reconoce la
doctrina de los autores.

Ante tal sentido de esta clase de acción, para la adecuada resolución
de la que es materia de esta sentencia ha de identificarse el derecho
que habría sido afectado en su ejercicio, su titular, algún acto u
omisión que lo haya vulnerado de manera real y, ciertamente, a su

autor.

2°) En cuanto al derecho vulnerado, atendida la circunstancia de
mantenerse los reclusos en huelga de hambre, para el disidente es
palmario que se trata del derecho a la vida y a la integridad física y

psíquica de la persona. Ha sido precisamente la vida de aquellos la
que ha motivado la acción de la recurrente. También es evidente que
los aludidos reclusos son los titulares de tal derecho.

Atendida esta última afirmación, a cuyo respecto no le es posible

hacerse ninguna otra representación jurídica, conforme a la norma
constitucional ya citada en estas acciones no hay mas actor legítimo
que aquella persona que haya sido afectada en el legítimo ejercicio de
los derechos, porque el texto así lo indica al usar las expresiones el

que haya sido, y porque la función que la propia norma le entrega es
la de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida
protección del afectado, esto es, en términos acostumbrados, disponer
medidas que satisfagan el interés jurídico motivante del recurso a

resultas de las pretensiones del afectado.

Así las cosas, en la especie, por no estar discutido que los reclusos
han adoptado libremente la decisión de no ingerir alimentos, dicho de
otra manera, por no existir ningún antecedente que conduzca a estimar

que tal decisión no es voluntaria y que ha sido provocada por
terceros, no puede menos que concluirse que no hay privación,
perturbación o amenaza alguna para el legítimo ejercicio del derecho a
la vida e integridad física y psíquica. Aunque desde lo no jurídico

parezca una afirmación paradojal, lo cierto es que desde la
perspectiva del derecho, cual es la única tenida en cuenta, la misma
decisión que se cuestiona importa legítimo ejercicio del derecho.
Dicho de manera distinta, cuando los reclusos libremente deciden no

alimentarse no incurren en ilegalidad o arbitrariedad porque
simplemente han ejercido el derecho a la vida de manera coetánea con
el de libertad, y toda vez que unas mismas personas son titulares de
ambos es claro que no existe colisión entre estos derechos.

3°) Como directa consecuencia de lo anterior, esto es del hecho de
tratarse de una decisión de aquellos por quienes precisamente se
recurre, también hay que señalar que el recurso debe ser rechazado
porque jurídicamente no hay urgencia ni necesidad de cautela, toda vez

que los actos que generan la cuestión han sido ejecutados por los
titulares de los mismos.

A este respecto y de manera general es útil tener en cuenta que aunque
se acepte que el sujeto pasivo del derecho es el tribunal ante el cual

se acude, lo que se justifica por motivos de eficiencia de la acción,
ha de hacerse otro tanto en cuanto a que el recurrido es el sujeto
pasivo de la pretensión. Esto es así porque cuando se hace lugar al
recurso de protección se dispone que la recurrida haga algo en favor

del recurrente porque de esta manera se satisface el interés jurídico
de restablecer del imperio del derecho. Es claro que en las
circunstancias que atraviesan los reclusos recurridos no tienen
interés jurídico en ejercer su derecho a la vida de manera distinta

del modo que lo han hecho, poniendo en riesgo la vida, y por ello es
que nada pueden hacer en favor de la recurrente Gendarmería de Chile.
4°) Finalmente, en cuanto a la forma de proceder del Estado, en este
caso concreto de la administración penitenciaria, si bien es cierto

que le asisten los deberes que se destacan en el fallo recurrido, en
nuestro criterio el deber de cuidado de los reclusos que ha sido
atribuido a Gendarmería no es ilimitado y en la especie,
inequívocamente se encuentra cumplido. En efecto, es claro que este

deriva de la circunstancia del confinamiento dispuesto por el propio
Estado y de la disminución o, simplemente, de la pérdida de las
aptitudes para la autoprotección. Pues bien, en las circunstancias de
la especie, tal deber de cuidado se encuentra cumplido con la oportuna

puesta a disposición de los reclusos de todos los medios necesarios
para impedir el deterioro físico y psíquico, y más allá de la entrega
de tales recursos no es exigible otra prestación. Con tal hecho
claramente se ha cumplido un estándar mínimo y eficiente a estos

efectos, el que produce el efecto de liberar al estado del debido
deber de cuidado a consecuencia de la especial condición de aquellas
pe rsonas.

Tal efecto eximente es consecuencia de la imposibilidad de superar un

ejercicio extremo de los derechos a la vida y la libertad, porque el
estado carece de potestades para intervenir en opciones personales
sustentadas en esta clase de derechos.
Redacción del Ministro señor Brito.

Regístrese y devuélvase.
Rol N° 4167-2011.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por
los Ministros Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito,
Sra. María Eugenia Sandoval y el Abogado Integrante Sr. Arnaldo
Gorziglia. No firma el Abogado Integrante señor Gorziglia, no obstante

haber concurrido al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago,
03 de junio de 2011.

Comisión Ética Contra la Tortura – Chile

LaOtraVoz
contra la desinformación.

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