Multinoticias Chile: el movimiento estudiantil – la Universidad – la Educación…. NO AL LUCRO !!!

La UNIVERSIDAD en Chile

Por Sergio Jerez A. IA. MPU c.
Docente Universitario

Existe un aspecto que los Universitarios están tocando tangencialmente, el número de alumnos que están cursando estudios Universitarios, no es demostrativo de la capacidad académica nacional.
No es el número lo que debe preocuparnos, sino, algo que lleva sonando bastante tiempo en los distintos continentes. La educación por competencias. No interesa si el alumno tiene en la malla tal o cual determinada materia, lo que le interesa a la sociedad es, si quedo competente para hacer uso de ese conocimiento.

Las Universidades, si quieren ser responsables del nombre de tales, deben entregar las competencias que se requieren en cada profesión, sobre todo en aquellas que son esencialmente operativas.

La existencia de laboratorios, invernaderos, campos demostrativos, clínicas, escuelas y liceos experimentales son básicas en la adquisición de las competencias, los contenidos de una profesión no pueden ser entregados solamente por power point y videos, el alumno debe operar en algún momento en circunstancias lo más parecidas a la realidad.

La Universidades privadas tienen tendencia a desarrollar Carreras que no demanden mayor infraestructura, las antiguamente llamadas de “pizarrón y tiza”, y con un número económicamente válido de alumnos por cátedra, muy semejante a lo que sucede en la enseñanza básica y media.

Esta realidad sugiere que, TODAS las Carreras deben tener exámenes Nacionales de competencias, con una parte teórica y una práctica, con la posibilidad legal de que el alumno que no es competente, se pueda querellar contra la Institución formadora.

El Estado debe focalizar sus fondos, en las Universidades estatales, y las Universidades Privadas, deben financiarse con los ingresos directos de las matrículas, las donaciones, y las investigaciones pactadas con la industria, entendámonos, no son colaboradoras de la labor del Estado, están realizando una actividad económica que tiene por finalidad producir los profesionales que requiere el medio industrial y social del país. Si no pueden, quiere decir que no es negocio y deben abandonarlo, dejando la formación al que tiene la responsabilidad, al Estado.

Por ello el examen nacional es indispensable, puesto que, independiente del lugar de estudio, todo profesional debe tener las competencias debidas.

Los alumnos están solicitando rebaja de aranceles, y educación de calidad, esta doble solicitud solo es posible si el Estado toma la decisión de aumentar los fondos destinados a las Universidades, pero, no a cualquier estructura académica que se autodenomine Universidad, solo debe aumentar vacantes y capacidades en la Universidades que cumplan la triple responsabilidad, de la docencia, la investigación y la Extensión, o sea, D + I + E , estas casas de estudio deben acoger a los alumnos con menor capacidad económica, aumentando las vacantes en el número que sea necesario, manteniendo sus Standard de calidad.

Si los fondos que se entregan a las Universidades son otorgados a través del número de alumnos, se incentiva al aumento indiscriminado de estos en las Carreras que tienen más interesados, se requiera o no ese cantidad de profesionales, y en el arancel mensual deberían estar considerados montos para financiar Investigaciones o los Programas de Extensión.

En la actualidad las Universidades investigan siempre que alguien les pague por la investigación, es una investigación utilitaria, que no es mala, pero la formación de profesionales requiere investigación básica, el desarrollo del país requiere cuerpos de investigadores que resuelvan problemas generales que no son motivo de patentes de apropiación individual, pero que significan un aporte universitario al desarrollo del país. Razón tienen los alumnos cuando solicitan un financiamiento basal básico para las Universidades, con alumnos que cancelen una matrícula, pero que no tengan la responsabilidad de sostener con su arancel todo el gasto que implica una actividad universitaria.

Si lo que se busca en el país es tener Liceos Iperventilados que se autodenominan Universidades, y replicar conocimiento envasados, engañando a padres y alumnos porque no se están logrando las competencias profesionales, sigamos por este camino de aumentar Becas, aumentar créditos, sin enfrentar el problema real, el formativo, ¿de donde Chile a sacado tal número de Docentes Universitarios?, ¿Quién califica a los profesores?

Es un punto común, manifestar que la acreditación no ha funcionado, pero si ello es así, quien le responderá a los alumnos y sus familias que no están recibiendo lo que corresponde, acá no corre eso de que “la familia tiene el derecho de elegir”, porque en la práctica es decir, “si eligió mal la responsabilidad es suya”, como en otros tramos de la educación, la Educación terciaria también es responsabilidad del Estado.

Se debe plantear un cambio estructural, esto es lo básico.
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POR CHILE: DEFENDAMOS UNA EDUCACIÓN NACIONAL Y REPUBLICANA

DECLARACIÓN DEL CLAUSTRO INSTITUTO DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES FACULTAD DE HUMANIDADES – UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO.

Hoy la sociedad chilena es testigo de un movimiento que se ha venido gestando en el mundo estudiantil, secundario y universitario, el cual se expresa de distintas formas: paros, tomas de locales, ingeniosas representaciones callejeras, clases en la vía pública, marchas multitudinarias a nivel nacional, etc.. Todas estas acciones se han encaminado a poner de manifiesto el hondo malestar que existe en nuestras casas de estudio ante los problemas que aquejan al conjunto de la educación chilena. Y, en particular, frente a los esfuerzos en curso por parte del gobierno en orden a culminar su privatización, en primer término de la educación superior. Tales esfuerzos privatizadores conciben la educación universitaria como un servicio que se transa en el mercado, es decir, como una mercancía más, y no como un derecho. De este modelo se desprende que los que producen este servicio deben cobrar por el mismo, y los que lo reciben, pagarlo. Tal cosa es representativa de un fundamentalismo ideológico que en ningún país del mundo se manifiesta con la radicalidad que adquiere en el nuestro.

Las manifestaciones estudiantiles referidas arriba (y a las que se han sumado docentes, incluyendo rectores) representan un claro rechazo a tales concepciones, y a las políticas que en esa perspectiva quiere implementar el gobierno.

¿En qué se manifiesta ese proceso privatizador en que el gobierno está empeñado? Principal, aunque no exclusivamente, en un agravamiento del abandono que ha hecho el Estado del financiamiento de sus Universidades, el que al día de hoy alcanza a tan sólo un 7% de su presupuesto. Gran parte del resto, indispensable para el cumplimiento de las tareas de nuestras casas de estudio, ha ido siendo traspasado a las familias, situación que se traduce en una inequidad gigantesca para la gran mayoría de los estudiantes universitarios del país pues un alto porcentaje de ellos provienen de sectores de menores ingresos, por lo que se ven obligados a endeudarse por muchos años a través de créditos que a altos intereses les ofrece la banca.

Otra parte del financiamiento de las universidades públicas debería, según las concepciones del gobierno, ser obtenido a través de la venta de sus servicios en el mercado, lo cual equivale a decir, que debe provenir de la venta de los mismos a las grandes empresas. Y, lo que es tanto o más grave, la universidad también debería financiarse a través de donaciones de particulares. ¿De quien? En los hechos de las ya mencionadas grandes empresas, nacionales extranjeras. ¿Cuál es el significado de esto último? No es otro que el control de las ex Universidades públicas por la oligarquía plutocrática que controla dichas empresas. Dicho de otra manera, significa que las universidades pasan a estar al servicio de una reducida y todopoderosas clase social y no al servicio del país.

Dicho de otro modo, significa la existencia de un sistema universitario estrechamente clasista al servicio de los que hoy lo controlan todo, -desde las cadenas de farmacias hasta el retail, pasando por los medios de comunicación, los clubes deportivos, el agua, los bosques, los puertos, etc. etc. etc. Y, a la inversa, significa que se pone la lápida a un eventual sistema universitario nacional. Es precisamente esto lo que, a nuestro juicio, está hoy en juego.

Frente a esa disyuntiva declaramos que nuestra lucha es por una universidad al servicio de Chile, y en contra de un modelo que en los hechos defiende una universidad al servicio de una clase, como es el del gobierno, cuestión que obviamente éste no está dispuesto a reconocer dado que políticamente lo perjudicaría.

En este marco, la sociedad chilena debe tener claridad sobre el drama que está viviendo la educación en el país y comprender el sentido del actual movimiento que llevamos a cabo en su defensa, el cual, según se desprende de lo dicho arriba, no persigue meros beneficios presupuestarios, sino algo mucho más profundo. A saber, la existencia de un sistema educacional, y particularmente universitario, que mantenga el carácter nacional y público que desde los mismos albores de la República le fue propio. Ello bajo el supuesto de que tal carácter, con su correspondiente financiamiento estatal, constituye una garantía para la libertad de pensamiento y para el desinteresado desarrollo de la ciencia, el arte y la reflexión, cuestiones esenciales en una verdadera Universidad. Casas de estudios superiores que reúnan esas características son indispensables para el desarrollo de un país, razón por la cual el Estado debe garantizar su existencia. Así, por lo demás, fue comprendido en Chile desde los mismos inicios de la República.

Fue precisamente ese el concepto que defendió Andrés Bello. La creación de la Universidad de Chile que llevara a cabo en 1842 lo atestigua. Bello nunca pensó que la Universidad que fundaba sería una empresa destinada a transar servicios educacionales y otros análogos en el mercado en beneficio del enriquecimiento de una clase. Su punto de mira era el del país, y no el del lucro de eventuales empresas situadas en este rubro. La Universidad, como dijimos, a su juicio debía tener un carácter nacional, dedicándose a proporcionar al país la alta cultura requerida por su desarrollo. En su discurso de inauguración, pronunciado en 1842, decía al respecto: “la Universidad estudiará las especialidades de la sociedad chilena bajo el punto de vista económico, que no presenta problemas menos vastos, ni de menos arriesgada resolución. La Universidad examinará los resultados de la estadística chilena, contribuirá a formarla y leerá en sus guarismos la expresión de nuestros intereses materiales. Porque en éste, como en los otros ramos el programa de la Universidad es enteramente chileno: si toma prestadas a la Europa las deducciones de la ciencia, es para aplicarlas a Chile. Todas las sendas en que se propone dirigir las investigaciones de sus miembros, el estudio de sus alumnos, convergen a un centro: la patria.”

Este carácter nacional y patriótico de las universidades chilenas es el que está cuestionado desde la dictadura militar en adelante. Desde entonces, en efecto, se ha pretendido convertir a las casas de estudios superiores en empresas de servicio que –de hecho controladas por los grupos económicos- persiguen fines de lucro. Esto significa que se pretende convertirlas en instituciones que no sirven al país, sino a la ganancia empresarial de los grandes conglomerados económicos que lo controlan todo, conglomerados que, dada su cultura, nada pueden comprender como no sea bajo la óptica del negocio.

El pensamiento de Bello se hallaba en las antípodas de lo dicho. Decía sobre la materia: “yo soy de los que miran la educación del pueblo, como uno de los objetos más importantes y privilegiados a que pueda dirigir su atención el gobierno, como una necesidad primera y urgente, como la base de todo sólido progreso, como el cimiento indispensable de las instituciones republicanas.” Bello, pues, veía el tema educativo desde una óptica republicana, y no mercantil. Creía que la educación era una responsabilidad de los gobiernos, y no de las empresas. Y fue su criterio el que, en esta materia, prevaleció a lo largo de nuestra historia, al menos hasta 1973.

Comprobémoslo con datos en la mano. Así, en el siglo XIX, durante los decenios, particularmente durante el gobierno de Manuel Bulnes, fue creada y financiada por el Estado la Escuela Normal de Preceptores. Luego, durante las administraciones de los presidentes Manuel Montt y José Joaquín Pérez el Estado procedió a crear Liceos Fiscales en todas las provincias del país. Posteriormente, en 1879 fue promulgada la ley de gratuidad de la educación secundaria, que permitió la gradual masificación de la educación facilitando la constitución de la clase media. No menos importante fue la política educacional del Presidente Balmaceda, en orden a crear una fuerte infraestructura educacional a lo largo de todo el país, aprovechando los recursos proporcionados por el salitre. De este modo, en fin, el siglo XIX está marcado por una permanente preocupación del Estado por el desarrollo educacional y cultural del país.

Entrado el siglo XX, esa preocupación se acentuó al dictarse, en 1920, bajo el presidente Arturo Alessandri Palma, la Ley de Enseñanza Primaria Obligatoria, a través de la cual el Estado, mediante su red de escuelas básicas, pretendió garantizar un piso mínimo en la formación educacional del país. El Presidente Pedro Aguirre Cerda continuó por esa misma senda. Como es sabido, su lema era “gobernar es educar”. A través de esta idea defendió el rol del Estado en el desarrollo de una educación democrática, laica y pluralista, de integración social, que intentaba superar las diferencias sociales, dando a todos los ciudadanos igualdad de posibilidades en su formación. La reforma educacional del Presidente Eduardo Frei Montalva, que pretendía modernizar el sector y sobre todo, ampliar la cobertura hasta hacerla universal, se hallaba en la misma línea, así como también el proyecto del Presidente Salvador Allende, que buscaba vincular la educación a la realidad social, haciendo ciudadanos conscientes y comprometidos con los destinos del país.

Quienes, en forma gratuita, nos educamos en aquella Escuela podemos dar fe de sus beneficios. Fue aquel Estado responsable de la educación de los chilenos el que hizo posible que el país progresara.

En resumen, la tradición chilena en materia educacional ha tenido en el rol del Estado su pilar principal. A tal punto era fuerte esta tradición nacional, que la Constitución de 1925 la consagró en su texto. En efecto, su artículo10, N° 7 establecía, que “la Educación Pública es una atención preferente del Estado”.

Esta tradición nacional dio resultados notables. Chile se convirtió en uno de los países con mejor educación del continente latinoamericano. Su prestigio era tal, que a las universidades chilenas venían a estudiar alumnos de todo el continente, en particular a la Universidad de Chile, cuya sede de Valparaíso corresponde a nuestra actual casa de estudios.

La excelencia de la educación pública y de las universidades del Estado hacía que la aspiración máxima de la mayoría de las familias fuera que sus hijos ingresaran a ella, entendiendo que tal cosa les aseguraría su futuro. La gratuidad que entonces caracterizaba a la educación permitía que esa aspiración pudiera hacerse realidad al menos para la clase media de la época, y en menor medida , para los sectores de menos ingresos.

La descrita tradición nacional fue destruida por la dictadura militar, cuyo ideologismo antidemocrático tenía dos pilares fundamentales. A saber, la Doctrina de la Seguridad Nacional, y el neoliberalismo en su versión de Chicago, ambas de origen extranjero. Como resultado de ello, en el plano educacional, la Constitución de 1980 derogó el precepto que establecía que la “educación (era) atención preferente del Estado”, e introdujo el concepto de Estado subsidiario el que, a pretexto de la “libertad de enseñanza”, permitió avanzar hacia la destrucción de la educación pública, – desde ya de la superior -, convirtiéndola en un servicio que se transa en el mercado por los comerciantes del rubro. Las consecuencias de este cambio han sido desastrosas, trasladando el financiamiento de la educación en una parte muy sustancial a los “consumidores”, -esto es, a las familias, obligándolas a endeudarse por quince o veinte años, quedando en manos de los Bancos-, y a los conglomerados económicos, según la lógica señalada arriba. A lo que se agregan los graves retrocesos en su calidad.

No menos dramáticos han sido sus consecuencias para los académicos. Entre tales consecuencias cabe mencionar las políticas orientadas a jibarizar las jornadas completas y la conversión del grueso del profesorado en un proletariado de servicio mal pagado, obligado a laborar en distintas corporaciones (profesores taxis), con contratos precarios. Todo esto es atentatorio no solo a la producción académica, sino también a la excelencia y a la independencia universitaria en la medida en que los académicos, -particularmente los investigadores-, tienen que ceñirse a las demanda de las empresas privadas, -o sea a los grandes conglomerados económicos-, impidiéndose así que la universidad esté al servicio del conjunto del país, haciéndola, por el contrario, funcional a los intereses de un sector muy reducido que, por lo demás, según hemos dicho, lo controla todo.

La situación no es menos dramática en las Universidades privadas, que lucran con un servicio de discutible calidad, cuyos estudiantes quedan endeudados de por vida, y que, adicionalmente, en la mayoría de los casos, no encuentran trabajo en aquello que han estudiado.

En este marco, el movimiento actual de las universidades estatales lucha por el rescate de la tradición chilena en materia educacional, tradición que, aparte de su carácter público, democrático, nacional y de integración social, fue de excelencia, la cual los ideólogos mercantiles han intentado destruir con trágicas consecuencias para el país.

La recuperación de dicha tradición, por otra parte, pasa por superar el modelo neoliberal hoy en curso, cuyo carácter estrechamente clasista, rechazamos, siempre desde una perspectiva nacional y democrática.

Es en base a estas consideraciones que los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Socales de la Universidad de Valparaíso llamamos a la opinión pública a solidarizar con las luchas universitarias en curso. Ello bajo el supuesto de que, frente a la dictadura clasista del dinero, esa lucha representa la causa de Chile.

POR CHILE: DEFENDAMOS UNA EDUCACIÓN GRATUITA, NACIONAL Y REPUBLICANA, NO AL LUCRO EN LA EDUCACIÓN.

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SE CAYÓ EL SISTEMA

Los anuncios de Sebastián Piñera son claros, la idea es legalizar y financiar lo que no quiere el pueblo, como se hizo con la creación de las AFP y los privilegios del sistema financiero chileno.

La prensa trabaja sin contexto, se queda en números y nuevas siglas, es su aporte para hacer creer que tenemos un problema técnico y financiero en la educación y no un problema de orientación, rol y condición.

Es necesario que las movilizaciones sigan actuando como la gran “Contraloría Ciudadana”, para que se transparente la participación de todos, desde el actual Ministro de Educación pasando por todas las universidades y rectores.

Hay que transparentar la relación entre el mundo universitario y el mundo financiero, es necesario verificar los contenidos públicos y privados de la Educación Superior.

Esa luz es importante, esa verificación permitirá ver los conflictos de interés, el verdadero rol de la clase política y la necesidad de crear un nuevo marco institucional para la democracia participativa e inclusiva.

Hay que terminar con 200 años de exclusión de la mayorías sociales y habrá que hacerlo con educación, inteligencia y sin violencia.

Los que en un momento pensaron que lo habían logrado todo y anunciaron el fin de la historia, claramente olvidaron el estudio de los ciclos y las características de los fenómenos sociales.

La credibilidad se encuentra en crisis, personas y micro colectivos quieren ver y estar presentes en las etapas de definición y decisión, no hay confianza para que los representantes actúen por ellos, es por consecuencia, al mismo tiempo.

La negación del futuro para la historia de Fukuyama, lo contradijo el “que se vayan todos” en la Argentina del 2001.

El movimiento social actual, parece estar en pleno proceso de una nueva construcción del modo de ser.

Los chilenos tienden actuar cuando los espacios de duda son mínimos y se hacen mayores los de la certeza y la convicción, es la mesura gris de nuestra personalidad, por eso se expresa cuando logra constatar que existe suficiente abuso, frustración o desigualdad.

Los contenidos de las peticiones para resolver la crisis de credibilidad, no tienen una doble vía y por ello, especialmente considerando la coincidencia en algunos casos y la franca unidad en otros, hace que la situación tenga el vigor necesario para transformaciones de valor y no se contenten con un mejoramiento de las condiciones existentes por la vía de aportes o nuevos recursos.

Es necesario el nuevo ejercicio de avance democrático, que valore el desarrollo libre del espíritu, la diversidad, el respeto a la autoridad y al derecho de las minorías, el país puede demostrar que tiene condiciones para un mayor espacio de lo público y una evidente capacidad para agregar valor y calidad a sus procesos productivos: económicos, científicos, intelectuales.

Es tiempo de aceptar que la realidad existe y que en ella el actual sistema se cayó.

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